Trabajadores fijos discontinuos: indemnización por despido
22 de diciembre de 2020Concurso de acreedores y venta de unidad productiva (pre-pack): agilidad, transparencia y anticipación
19 de enero de 2021Oportunidad única
Superado el año 2020 y la pesadilla que lo acompaña (los daños a la salud seguirán siendo significativos y la prudencia se impone, hasta la total eficacia de las vacunas) hay indicios, a nivel nacional e internacional, favorables a la recuperación económica y del empleo, que solo será posible mediante el acuerdo político, superando los enfrentamientos que han primado durante la gestión de la pandemia en nuestro país.
La economía española, en un entorno geopolítico menos negativo, sin duda va a ser una de las más favorecidas por la recuperación, no solo porque ha sido de las que más ha sufrido la recesión sino porque puede recibir unos 140.000 millones de euros, más de la mitad en concepto de transferencias, eso si cumpliendo las condiciones asociadas de eficiencia y trasparencia.
Las oportunidades de financiación e inversión privada son manifiestas y el único requisito político es que la confrontación no ponga en riesgo unas ayudas, únicas e irrepetibles para la recuperación económica y del empleo de nuestro país.
En dicho contexto procede desarrollar la oportunidad del denominado Plan Justicia 2030 propuesto por el ministro de justicia, que de continuidad al Pacto por la Justicia del año 2001, interrumpido de manera absoluta por la crisis económica 2008/2013.
Justicia: retrasos, paralización en 2020 y hacia el colapso en 2021
Retrasos históricos
Los abogados constatamos antes de la pandemia, lamentablemente desde hace mucho tiempo, el retraso sistemático en la tramitación de los procesos, con retrasos de años en los señalamientos del juicio y con retrasos de meses en las sentencias. Los ciudadanos no entienden nada y poco podemos justificar los abogados.
Concurren objetivamente, entre otras las siguientes circunstancias:
(i) en España hay 11,6 jueces por 100.000 habitantes frente al 21,2 de media en la Unión Europea.
(ii) en España se invierte en justicia el 1 % del PIB frente al 3% de media en la Unión Europea.
(iii) en España el acceso a la condición de juez, desde el grado de derecho (4 años), se consigue justificando carecer de antecedentes penales, rellenar la instancia, abonar la tasa, memorizar 322 temas, examen tipo test, dos exámenes orales y estancia en la Escuela de Práctica Judicial de Barcelona.
(iv) en España el ascenso a magistrado es por antigüedad; la especialidad (uno de cada cuatro) se une a la condición de magistrado.
(v) en España los expedientes disciplinarios a jueces y magistrados que supongan la expulsión o suspensión de la carrera son mínimos. Así entre 2004 y 2008, 24 jueces han sido suspendidos y 3 expulsados. Algún juez ha sido objeto de 15 expedientes disciplinarios. Algunos expedientes disciplinarios sencillamente caducan en su tramitación y así lo reconoce el TS.
La incapacidad permanente de 2014 a 2018 afectó a 29 jueces.
(vi) en España la retribución de los jueces se ha visto reducida en un 10 % por la crisis 2008/2012. Las reclamaciones para su recuperación han dado lugar a dos convocatorias de huelga en 2018 con un seguimiento mayoritario.
(vii) en España el ciudadano no puede acceder directamente a su expediente judicial (actualmente electrónico).
(viii) en España el lenguaje habitualmente usado por jueces y magistrados es poco comprensible, discursivo, carente de sencillez, precisión y claridad. Véase por comparación el lenguaje del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su sistemática de títulos y ordinales en las sentencias.
Paralización en 2020
La pandemia, la declaración del Estado de Alarma y la inflación normativa subsiguiente, especialmente en materia laboral, social, económica y concursal ha supuesto una paralización total de los procesos judiciales en tramitación de marzo a junio de 2020 (salvo derechos fundamentales) y un retraso sustancial de la actividad ordinaria posterior (según el Ministerio de Justicia los juzgados han funcionado al 20 por ciento de su capacidad), pese a los anuncios de mayor litigiosidad.
https://gutierrezarrudi.com/2020-justicia-mecanica-o-justicia-social
Hacia el colapso en 2021
El Ministerio de Justicia, la abogacía y las diferentes asociaciones de jueces y magistrados avisan de la previsible litigiosidad en 2021, así:
*los concursos de acreedores aumentarán un 619 por ciento, lo que supondrá un total de 50.000 concursos en contraste con los 7.000 que se dieron en 2019.
*la litigiosidad en el ámbito social aumentará un 140 por ciento en 2021 lo que supondrá un crecimiento de medio millón de asuntos sobre el año anterior.
*en el ámbito civil la previsión se espera entre un 30 y un 145 por ciento más de procedimientos.
*en el orden contencioso administrativo se baraja un creciendo de casos entre el 35 y el 125 por ciento.
Además, la crisis del coronavirus traerá consigo una tasa de pendencia, es decir el porcentaje de casos pendientes de ser tramitados, que en el orden social se espera que se alargue en un 175 por ciento.
Pacto por la Justicia 2030: realidad y necesidad
Los Presupuestos Generales del Estado recién aprobados para 2021, en materia de justicia aumentan en 7,6 por ciento respecto al presupuesto base de 2020, lo que significa una partida de 2.014 millones de euros para justicia.
Se recibirán 410 millones de los fondos europeos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia económica derivada de la crisis de la Covid-19, que permitirán financiar los proyectos del Pacto por la Justicia 2030, mejorando con ello la actividad jurisdiccional y económica.
Debe tenerse en cuenta que la no ejecución de los fondos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia económica, en expresión del secretario de Estado de Justicia “resultaría una rendición de cuentas negativa ante Europa, así como una pérdida de esas partidas presupuestarias”.
Por primera vez nuestro país tiene la oportunidad de financiación europea directa y concreta, con el único requisito político que la confrontación no ponga en riesgo unas ayudas, únicas e irrepetibles para la recuperación de la justicia en España.
Al incremento retributivo de los funcionarios en general y de justicia en particular en 2021, se añade la oferta de 240 nuevas plazas de jueces y fiscales y 1.452 plazas para los distintos cuerpos de la Administración de Justicia.
Se aumenta la dotación para las reclamaciones en retrasos en los juicios, especialmente la cobertura por juicios de despido, dado que los salarios de tramitación corren a cargo del Estado una vez transcurridos más de 90 días hábiles desde la presentación de la demanda al juzgado por el trabajador.
En asistencia jurídica gratuita la dotación prevista es de 49,2 millones, un incremento del 11,2 por ciento.
En digitalización de la justicia, 120 millones de euros.
En nuevas infraestructuras y equipamientos, se destina un 24 por ciento más, es decir, 47 millones de euros…
La periodificación de los fondos europeos en años sucesivos, lógicamente aumentará las partidas, la realización y desarrollo de los diferentes proyectos, que seamos capaces de presentar y preparar en una acción política de Estado para la Justicia que supere la confrontación política a la que lamentablemente nos han acostumbrado nuestros líderes
https://gutierrezarrudi.com/coronavirus-y-politicos-donde-vais
Propuestas de la Abogacía para el Pacto por la Justicia 2030
La necesidad de homologar la justicia española a los parámetros de justicia europeos pasa por un aumento considerable de la inversión en un 2% del PIB de España, objetivo posible y razonable en un entorno geopolítico menos negativo, porque puede recibir unos 140.000 millones de euros, más de la mitad en concepto de transferencias.
El sistema judicial español atraviesa serias dificultades, como se constata con la paralización y falta de renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso de los Diputados, con un mandato extinguido desde hace mucho tiempo.
Las dificultades son dobles, unas técnicas que derivan de la falta de medios y de la insuficiente formación, inicial y continua, de muchos jueces y magistrados y otras políticas, que lógicamente se vinculan a la politización de la justicia, donde se constata un claro dominio de posiciones conservadoras en nuestro sistema judicial, lo que es tremendamente lógico por su sistema de acceso, función y formación.
La abogacía aporta elementos objetivos, prácticos, vinculados a una experiencia continua e insustituible, la defensa de los ciudadanos y la justicia como un servicio público de calidad más allá de intereses corporativos y partidistas. El Pacto por la Justicia 2030 solo será posible a través de un amplio consenso. La abogacía propone:
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/12/Propuesta-Pacto-Estado-por-la-Justicia.pdf
La alternativa es sencilla: confrontación y pérdida de fondos europeos.
