En nuestra práctica diaria los despachos de abogados laboralistas nos encontramos, bien sea en la posición de defensa del trabajador o en la posición de defensa de la empresa, ante el despido disciplinario con base en el art 54 del Estatuto de los Trabajadores y especialmente ante el supuesto de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempaño del trabajo, susceptible de comportar la sanción más grave de despido derivado de la conducta incumplidora del trabajador (los supuestos fácticos son tan variados como la realidad, es decir inabarcables).

Constatamos con preocupación creciente las actuaciones procesales de abogados generalistas y especialmente de otros profesionales habilitados en la formalización del Recurso de Suplicación frente a la sentencia desestimatoria de sus pretensiones, que postulan una y otra vez la revisión fáctica del testimonio de testigos o peritos-testigos, en base a un supuesto error valorativo del magistrado de instancia en su sentencia.

Cuando la Administración Pública actúa en su condición de empleadora laboral en relación a los derechos y pretensiones postulados por sus trabajadores (no cuando actúa como autoridad administrativa) nos preguntamos ¿es necesario agotar la vía administrativa antes de acudir a la vía jurisdiccional social?

En la práctica procesal laboral se constata con excesiva frecuencia que la parte actora lleva a cabo una variación sustancial de la demanda mediante la ampliación de la misma en el momento del acto del juicio oral, (bien sea en la fase de alegaciones o incluso en la fase de conclusiones) o variando el contenido de la demanda judicial respecto a la demanda de conciliación previa, con base no en hechos posteriores sino en nuevas pruebas o argumentaciones, que preexistentes quiere añadir posteriormente a la demanda inicial.

En el proceso laboral las partes deben acudir al acto del juicio oral con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con especial referencia al interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos (1) en determinados procesos carentes de soporte documental (2), y siendo conscientes de que los actos de conciliación y juicio no pueden suspenderse por la incomparecencia del demandado. (Artículo 82.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en adelante LRJS).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2017 viene a recordarnos que sobre un hecho juzgado derivado de un acto ilícito o ilegal, no se puede volver a reclamar la responsabilidad civil derivada de mismo, pues el Art. 24 de la Constitución y el Art. 222 de la LEC lo impiden; en dicha sentencia se analiza un caso en el que la existencia de la responsabilidad civil de la sociedad mercantil recurrente y de su administrador fue controvertida y declarada en la instancia, pero dejada sin efecto en apelación por la sentencia penal que absolvió a la recurrente y a la par confirmó la condena por responsabilidad civil a otra persona jurídica.