Constatamos reiteradamente consultas de trabajadores que tras haber agotado el periodo máximo de incapacidad temporal legalmente establecido por baja médica de 545 días (365 + 180 días) se encuentran, tras el reconocimiento de una nueva situación de baja médica por los servicios públicos.

En nuestra práctica diaria los despachos de abogados laboralistas nos encontramos, bien sea en la posición de defensa del trabajador o en la posición de defensa de la empresa, ante el despido disciplinario con base en el art 54 del Estatuto de los Trabajadores y especialmente ante el supuesto de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempaño del trabajo, susceptible de comportar la sanción más grave de despido derivado de la conducta incumplidora del trabajador (los supuestos fácticos son tan variados como la realidad, es decir inabarcables).

Constatamos con preocupación creciente las actuaciones procesales de abogados generalistas y especialmente de otros profesionales habilitados en la formalización del Recurso de Suplicación frente a la sentencia desestimatoria de sus pretensiones, que postulan una y otra vez la revisión fáctica del testimonio de testigos o peritos-testigos, en base a un supuesto error valorativo del magistrado de instancia en su sentencia.

Cuando la Administración Pública actúa en su condición de empleadora laboral en relación a los derechos y pretensiones postulados por sus trabajadores (no cuando actúa como autoridad administrativa) nos preguntamos ¿es necesario agotar la vía administrativa antes de acudir a la vía jurisdiccional social?