En la discusión sobre el alcance de la condena en costas al trabajador en el orden social coexisten dos interpretaciones: 1ª- La de quienes aplican el régimen civil con las normas específicas de proceso laboral. Asumen que en el proceso declarativo de instancia al no ser preceptiva ni necesaria la intervención de letrado y/ o procurador no hay condena en costas por este concepto.

Los despachos de abogados laboralistas reaccionamos con cierta prevención ante las consultas relativas al acoso laboral (1), horizontal o vertical, masculino o femenino y ello porque nuestro subconsciente práctico anticipa las dificultades y el esfuerzo probatorio a desarrollar unido a un resultado ” a priori” dudoso. En definitiva esfuerzo y riesgo para unos resultados inciertos.

Aun cuando existen más coincidencias que diferencias con la revisión de los hechos probados del Recurso de Suplicación (1) regulado en los Arts. 193 b y 196.3 LRJS, recordaremos en expresión de la doctrina casacional las limitaciones y funcionalidad del artículo 207 LRJS, precepto que no permite la revisión plena del material probatorio, se limita, por el contrario, a posibilitar un reexamen excepcional de la declaración de hechos probados cuando a la luz de ciertas pruebas (de carácter documental), se acredite que algún extremo de la misma es, sin duda, equivocado.

El art. 91.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece con quienes ha de practicarse el interrogatorio de las personas jurídicas, normalmente los empresarios, cuando ha sido solicitada por las partes y concedida por el juez.

El “principio de aportación de parte” (iudex iudicare debet secundum allegata et probata partibus) impone que los tribunales decidan el asunto en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes.

Se constata con cierta reiteración en nuestra práctica laboral diaria la necesidad de valorar las conductas de algunos trabajadores normalmente tendentes a la obtención de un lucro ilícito, mantenidas en el tiempo a través de una pluralidad de actos y el problema se plantea al afirmar o no si tales actos están dotados de “unidad de propósito” y, en consecuencia, son sancionables o están prescritos y no cabe sanción.