Constatamos con preocupación creciente las actuaciones procesales de abogados generalistas y especialmente de otros profesionales habilitados en la formalización del Recurso de Suplicación frente a la sentencia desestimatoria de sus pretensiones, que postulan una y otra vez la revisión fáctica del testimonio de testigos o peritos-testigos, en base a un supuesto error valorativo del magistrado de instancia en su sentencia.

Cuando la Administración Pública actúa en su condición de empleadora laboral en relación a los derechos y pretensiones postulados por sus trabajadores (no cuando actúa como autoridad administrativa) nos preguntamos ¿es necesario agotar la vía administrativa antes de acudir a la vía jurisdiccional social?